La que se avecina.

[JOSÉ A. DÉNIZ HERRERA]

Muy buenas tardes: Y si esto no es estar intervenidos, que baje Dios y los vea.

Bruselas recuerda al Gobierno que debe consultarle antes de modificar la norma de los desahucios

-Esta obligación aparece en el programa de recapitalización de la banca
-Ante el "impacto material en la consecución de los objetivos del programa"
-Debe informar al equipo técnico de la Comisión y al BCE
-El Fondo Monetario Internacional también deberá ser consultado

El Mundo
Jueves 15/11/2012 13:11 horas

El Gobierno aún no ha consultado a la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) las modificaciones que pretende introducir en la legislación española sobre ejecuciones hipotecarias (desahucios) y que será aprobada hoy mediante decreto ley en el Consejo de Ministros.

Bruselas ha advertido de que de acuerdo con las condiciones fijadas en el programa de recapitalización de la banca, "cualquier regulación que afecte al sector financiero debe ser consultada" al equipo técnico de la Comisión y el BCE.

En concreto esta obligación aparece claramente especificada en el segundo párrafo del Memorandum con las condiciones: "Durante la duración de la asistencia financiera, las autoridades españolas deberán consultar ex-ante a la Comisión Europea y el BCE la adopción de políticas que afecten al sector financiero y no estén incluidas en este Memorandum pero puedan tener un impacto material en la consecución de los objetivos del programa", advierte. Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también deberá ser consultado.

"Estamos constantemente intercambiando información con las autoridades españolas, pero de este caso concreto no hemos recibido nada", aseguran fuentes europeas. El Gobierno ha decidido fijar un umbral de renta para limitar los desahucios a las familias que ganen menos de 19.000 euros anuales.

Esta medida, según han advertido algunas entidades financieras, podría tener una repercusión en el flujo de crédito que las entidades dan a familias y hogares y en el objetivo de saneamiento de los bancos, cuyas necesidades de capital podrían verse aumentadas.

Fuentes europeas recuerdan que cualquier medida que se apruebe debe respetar las reglas del Memorándum de Entendimiento, que establecen que no debe existir un impacto extra en el contribuyente, no debe afectar al proceso de recapitalización de las entidades y debe cumplir con las reglas comunitarias de competencia.

[JOSÉ A. DÉNIZ HERRERA]

La nueva oleada de impuestos que se avecina

¡Cuidado con la cartera! Las cuentas del Gobierno siguen sin cuadrar pese a la batería de impuestos aprobada en los últimos meses. Así que el equipo de Rajoy se ha puesto manos a la obra para preparar las medidas que tomará para reconducir la desviación en el gasto y en los ingresos y cumplir con las exigencias que impone Europa en materia de déficit público. Una segunda oleada de subidas de impuestos empieza a vislumbrarse en el horizonte.

El primer aviso lo daba el ministro de Economía Luis de Guindos el pasado martes en Bruselas. La subida 'temporal' del IRPF aprobada para 2012 y 2013 tiene todas las papeletas para prorrogarse. Pese a las recientes afirmaciones voluntarias o ilusas de Rajoy en sentido contrario, el ministro de Economía se despachaba, tras ver a sus colegas de la UE, con esta frase: "El horizonte temporal de la subida del IRPF era hasta 2014, pero el objetivo prioritario es reducir el déficit público. Habrá que ver las proyecciones de crecimiento para 2014".

La Comisión Europa le había pedido hace pocos días que España concretara qué medidas va a tomar ante el más que probable incumplimiento de los objetivos de déficit en 2012, 2013 y 2014. Pues bien, Bruselas ya tiene la primera medida concreta encima de la mesa. Y no es moco de pavo. Devolver el IRPF al nivel que tenía antes de la subida de este año restaría a las arcas públicas en torno a 6.500 millones anuales, algo que España difícilmente se puede permitir.

A los ayuntamientos tampoco les cuadran las cuentas. Por eso el Gobierno les va a permitir que puedan ingresar más por el impuesto de bienes inmuebles, que ya había permitido subir y con fuerza este año.

Los consistorios podrán cobrar ese impuesto a los inmuebles irregulares no registrados en el catastro o a las ampliaciones de superficie edificada no declaradas. Es una medida recaudatoria y que al mismo tiempo puede regularizar un montón de viviendas ilegales. A través de una enmienda a la Ley de medidas tributarias que acompañan a los Presupuestos, los contribuyentes podrán regularizar pagando una tasa de 60 euros. "El proceso de regularización se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente. La iniciación se comunicará a los interesados", señala la enmienda presentada por el PP.

Para la oposición, la medida es una indecente regularización de abusos urbanísticos. "Se trata de la tercera amnistía del PP de Montoro. Es el rey de las amnistías fiscales. Primero aprobó la de las rentas no declaradas para los evasores con bienes en el extranjero, después la repatriación de dividendos de paraísos fiscales y ahora esta amnistía urbanística", afirma el diputado socialista, Pedro Saura. Es una medida que permite regularizar con 60 euros cuando la sanción máxima era hasta de 6.000 euros. Y cuesta igual regularizar un chalé en Marbella que la ampliación de una granja".

Pero Hacienda matiza que no se podrán regularizar inmuebles que no cumplan las normas urbanísticas locales de cada Ayuntamiento. Por eso, su impacto podría ser reducido, ya que la mayoría de viviendas no registradas incumplen normas urbanísticas, pero con tal de recaudar se puede abrir la puerta a que muchos municipios revisen la normativa para legalizar miles de inmuebles y cobrar el impuesto.

Y tampoco conviene olvidar el calendario electoral. Pasadas las elecciones catalanas, las noticias sobre nuevos impuestos y tasas pueden llover. Recordemos que el Gobierno tiene pendiente el concretar, por ejemplo, una revisión de los llamados impuestos verdes. Lo dicho, ¡Agárrense la cartera!

[JOSÉ A. DÉNIZ HERRERA]

Llega a España la Justicia reservada para los ricos

Ya está aquí. Llega la Justicia para la gente con recursos económicos. Este mes entra en vigor la llamada reforma Gallardón, una modificación de la ley de tasas vigente que dispara el coste que hay que pagar por acceder a la Justicia en este país.

¿Quiere divorciarse? Vaya preparando 1.280 euros de entrada. Eso es lo que le costará acudir al Juzgado de Primera Instancia y después recurrir a la Audiencia siempre y cuando no tenga que liquidar la sociedad de gananciales. ¿Quiere liquidar la sociedad matrimonial conjunta? Prepare la cartera de nuevo. La ley establece una tasa fija de 300 euros más un pago variable del 0,5% del valor de los bienes repartidos de ese matrimonio.

Si el piso de una pareja que se separa esta valorado en 300.000 euros, el coste judicial de este proceso será de 1.800 euros (300 euros de la tasa fija, más 1.500 de la variable). Aparte, claro, hay que pagar los honorarios de abogados y procuradores.

En general, la ley supone incrementos de tasas de entre 50 y 750 euros, tanto para empresas como para ciudadanos e incluso en el ámbito de los temas sociales. Las subidas más destacadas se producen en los casos de apelación en los ámbitos civil y contencioso-administrativo, que se incrementan en 500 euros. Los juicios verbales costarán 150 euros, y los ordinarios, 300. Además de dichos importes, si se recurre en apelación, 800 euros, y 1.200 en casación.

Todos los partidos de la oposición y buena parte de los profesionales de la Justicia critican duramente la nueva ley. Consideran que el único motivo que mueve al Gobierno a hacer esta reforma es el afán recaudatorio a costa de sacrificar el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos tengan los ingresos que tengan. Consideran que este proyecto consagra una Justicia para pobres y otra para ricos.

Los abogados temen que su negocio caiga en un 30%, porque esos precios, alegan, tan elevados y para todos los públicos, son una medida disuasoria que reducirá reclamaciones justas; y, en consecuencia, miles de ciudadanos se verán obligados a renunciar a la defensa de sus legítimos derechos e intereses ante los tribunales.

La ley aprobada solo ha sido suavizada ligeramente en su trámite. Se ha eximido, por ejemplo, a los trabajadores del pago del 60% de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en el orden Social-Laboral.

Además, la norma también fomenta la solución de los conflictos por vía extrajudicial, a través de la mediación. Para ello prevé fuertes bonificaciones en el pago de tasas. El objetivo global de la reforma es liberar a los tribunales de los llamados conflictos menores y rebajar los costes del sistema. Pero el peligro de que muchos ciudadanos se queden sin el derecho a pedir justicia es evidente.